Tres funcionarios de fuerzas de seguridad fueron detenidos en Donadeu, Alberdi y Monte Quemado, en el marco de una investigación federal por presunto cohecho. La causa, que se mantiene bajo estricta reserva, apunta a que los uniformados habrían montado controles falsos en rutas del norte provincial para exigir pagos a tours de compras que circulaban por la zona.
Denuncia e investigación
La investigación se inició tras la denuncia de coordinadores de tours de compras, quienes afirmaron que los acusados detenían a los transportes utilizando uniformes, conos y señalización similares a los empleados en los operativos oficiales. Según el relato de las víctimas, los efectivos seleccionaban vehículos con poca documentación o con mercadería ingresada de forma irregular, y luego exigían pagos obligatorios para dejarlos continuar. En algunos casos, la amenaza directa era la pérdida total de la carga.
Fuentes cercanas a la causa indicaron que la investigación fue encabezada por Gendarmería Nacional, siguiendo órdenes del juez federal Guillermo Molinari, quien trabajaba desde hacía semanas sobre la hipótesis de operativos apócrifos montados en rutas de la zona de Alberdi.
Allanamientos en tres localidades
Con autorización judicial, Gendarmería desplegó operativos simultáneos. El primero tuvo lugar en Donadeu, donde cayeron dos de los acusados y se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos que podrían ser relevantes para la causa.
Posteriormente, los gendarmes se trasladaron a Monte Quemado, donde ingresaron al domicilio de la madre del tercer sospechoso, un efectivo que actualmente presta servicios en la provincia de Córdoba. El dato llamativo es que este último uniformado se había casado el sábado anterior y había realizado una celebración importante. Cinco días después, el hogar familiar quedó allanado en busca de documentación, teléfonos y artículos que presuntamente habrían sido retenidos de manera irregular a los tours de compras.
Imputación y situación procesal
En horas de la tarde-noche, los tres detenidos fueron trasladados a dependencias de Gendarmería, donde quedaron alojados. De manera extraoficial, se supo que estarían imputados por cohecho, delito que implica que un funcionario público solicite, reciba o acepte dádivas para actuar —o abstenerse de hacerlo— en el ejercicio de sus funciones.
El cohecho contempla dos variantes:
- Cohecho activo: cuando un particular ofrece o entrega un soborno.
- Cohecho pasivo: cuando es el funcionario quien lo solicita o acepta.
