Trabajadores santiagueños pertenecientes a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) adhirieron a un documento compartido por sus pares en el que advierten que “cerrar la ANSV no es una medida de ahorro”.
Vale recordar que desde el Gobierno nacional publicaron el decreto 461/2025 que ordena la disolución del organismo y la transferencia de funciones a Gendarmería Nacional.
“Es un acto de desmantelamiento institucional que destruye una política pública exitosa, eficiente y con resultados; rompe la articulación nacional e interjurisdiccional; disminuye drásticamente los controles en ruta y pone en riesgo la vida de miles de personas”, advirtieron.
En rigor, el decreto propone la eliminación de la agencia, rompe la coordinación federal con provincias y municipios, deja sin control rutas críticas y zonas de alta siniestralidad, sustituye personal civil calificado por una fuerza que no tiene formación vial y abandona el control sobre más de 3.600.000 vehículos proyectados para 2025.
“Con apenas 700 trabajadores en todo el país, la ANSV lleva adelante una de las políticas públicas más sensibles y efectivas del Estado argentino. La ANSV no se puede cerrar. No es un gasto. Es una inversión en vidas. No es un organismo más. Es una política de Estado que funciona”, expresaron.
En la base santiagueña, corren riesgo 11 puestos.
“La seguridad vial no es un capricho burocrático ni un gasto innecesario: es una política pública alineada con los estándares internacionales en la materia, orientada a garantizar el primer derecho humano y constitucional: el derecho a la vida. Este derecho está reconocido en nuestra Constitución Nacional, en el Código Civil y Comercial y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional. La prevención vial es, ni más ni menos, que la defensa activa de la vida de los ciudadanos”, señalaron.
Resultados concretos
Desde su creación, la agencia redujo las víctimas fatales de 5.361 en 2008 a 3.894 en 2024, es decir, salvó más de 1.400 vidas al año.
En 2024 se realizaron 70.000 operativos, superando en un 18% las metas planificadas; se controlaron más de 3.000.000 vehículos (un 133% más de lo previsto); se labraron más de 20.000 actas por alcoholemia, con aproximadamente 18.000 licencias retenidas.
Es importante resaltar que el organismo depende del presupuesto nacional, no genera gasto para el Estado y tiene resultados concretos (se financia con el 1% de los seguros).
