El dirigente social Francisco Orellana, referente de organizaciones campesinas e indígenas del norte provincial, participó del ciclo Actualidad Política de Radio LV11, donde brindó un panorama detallado sobre la situación forestal en la región de Monte Quemado, departamento Copo, y los proyectos que se están desarrollando para garantizar un manejo sostenible del monte nativo.
Orellana, ligado también a la actividad sindical, viene recorriendo desde hace años los territorios donde habitan históricamente comunidades campesinas y originarias, y participó de una nueva mesa de diálogo con instituciones provinciales y municipales.
Una cuenca forestal clave y un entramado complejo
El dirigente llegó a la capital “en medio de la llovizna que trajo un poco de bendición” luego de trabajar varios días en la zona. Describió la realidad de una vasta región agroforestal que abarca más de 1.200.000 hectáreas, donde existen aproximadamente 40 aserraderos, actividad carbonera y familias que dependen directamente del aprovechamiento del monte.
“Es bastante complejo el entramado. Lo que trabajamos dentro del comité es tratar de ir hacia la sostenibilidad de la actividad forestal, que es muy difícil, pero buscamos que haga a la conservación de los ecosistemas”, señaló.
Explicó que en el área conviven organismos públicos como la Dirección de Bosques, la Municipalidad de Monte Quemado, organizaciones campesinas, comunidades indígenas y técnicos de instituciones especializadas.
El objetivo: sostenibilidad y preservación del ecosistema
Orellana remarcó que el concepto de sostenibilidad implica un equilibrio entre lo económico, lo ambiental y lo social:
“Buscamos conservar los ecosistemas. Siempre decimos: donde hay una comunidad campesina e indígena, hay monte de pie. Queremos que ese monte siga teniendo cobertura”, afirmó.
La preocupación principal es evitar el deterioro acelerado del bosque nativo, afectado en los últimos años por prácticas extractivas intensivas, especialmente la carbonera y la tala de postes, que avanzan sobre árboles cada vez más jóvenes:
“Antes tenías un diámetro específico para los empotrados, ahora se cortan pimpollos. Eso impide que el monte se renueve”, advirtió.
Financiamiento de la FAO y un plan provincial para ordenar la actividad
El proyecto que se implementa en la región cuenta con el financiamiento de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), como reconocimiento al bajo nivel de deforestación registrado en el período 2014-2015. La iniciativa es impulsada por el Gobierno de la Provincia junto a organizaciones sociales y municipios.
El plan incluye la instalación de 13 Centros Foresto Industriales, distribuidos en puntos estratégicos del territorio. Estos centros contarán con: oficinas para las comunidades, conectividad e internet, acceso a guías forestales, control de la tasa de corte, servicios técnicos para el manejo del bosque.
“Van a tener un control sobre cómo se hace la tasa de corta, qué permite el monte sacar para que sea sostenible. Es un control mucho más estricto”, explicó Orellana.
Entre las zonas seleccionadas mencionó San José del Boquerón, Villa Matoque, Nueva Esperanza, Taboada, áreas cercanas a Monte Quemado y otros parajes donde se concentran comunidades campesinas.
Comunidades involucradas: más de 6.000 familias
El dirigente precisó que solo en la zona que él más recorre —entre Nueva Esperanza, Copo y límites con Huachana y Santo Domingo— existen alrededor de 600.000 hectáreas, donde funcionan 25 organizaciones campesinas e indígenas.
“Tenemos aproximadamente 6.000 familias, de cuatro o cinco personas cada una. Son familias campesinas y originarias que viven del campo propiamente dicho. Para nosotros, el monte era nuestro almacén”, enfatizó.
Agregó que las crisis económicas y las políticas regresivas afectan directamente a estos sectores:
“Cuando no hay trabajo y el Estado retira la mano de las comunidades, el que aporta es el monte. Y eso preocupa”, expresó.
Control territorial y defensa frente a grandes capitales
Orellana señaló que en el norte provincial las comunidades han resistido la entrada de grandes grupos económicos que realizan desmontes masivos:
“Los grandes capitales desertifican, arrasan, tiran todo el monte. En cambio, donde viven las comunidades campesinas e indígenas hay monte de pie”, afirmó.
Destacó que zonas cercanas al Parque Nacional Copo y su área de amortiguamiento mantienen una importante cobertura forestal, aunque siguen en riesgo.
La importancia del diálogo y la gobernanza local
El dirigente remarcó que el proceso impulsado por la provincia y las organizaciones permite una articulación inédita entre actores diversos: campesinos, técnicos, municipalidades y organismos públicos.
“Está muy bueno el diálogo, porque de ahí salen las mejores construcciones. El campesino y la comunidad indígena se sientan a dialogar con los científicos. Eso es fundamental”, destacó.
Sostuvo que la gobernanza local es clave para defender el territorio y sostener una política de uso responsable del bosque.
Una política que necesita continuidad
Al cierre de la entrevista, Orellana aclaró:
“Hemos acompañado ahora a la fórmula del Gobierno para darle continuidad a estas mesas de diálogo, que escuchan y se reúnen”, señaló.
Agradeció la oportunidad de visibilizar una problemática muchas veces ignorada:
“Nos cuesta mucho a los campesinos visibilizar nuestro sector. Está bueno que lo puedan transmitir y discutir, porque de eso se trata cuando hablamos de políticas públicas”, concluyó.
