2 abril, 2026 9:12 pm
gerardo-zamora-senado

En una de las sesiones más intensas del período extraordinario, el senador por Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fundamentó su rechazo al nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el Poder Ejecutivo. El legislador centró su crítica en la desconexión entre la letra de la ley y la estructura federal argentina, calificando la iniciativa como un intento de imponer lógicas centralistas sobre las autonomías provinciales.

Zamora fue tajante al señalar que la propuesta legislativa carece de una visión federal mínima. “A alguien se le ocurrió tomar una legislación comparada de algún país unitario y no se acordó de que estamos en un país federal”, expresó durante su intervención. Según el senador, esta “buena voluntad” de buscar soluciones a la inseguridad se convierte en un error técnico grave al no contemplar que son las provincias las que deben ejecutar y costear los sistemas de justicia y los centros de alojamiento.

Más allá de la cuestión ideológica, el líder del Frente Cívico advirtió que la norma será “letra muerta” o fuente de conflictos legales si no se asegura el financiamiento para su implementación.

Impacto en las cajas provinciales: Zamora cuestionó que la Nación dicte leyes que obligan a las provincias a realizar gastos millonarios en infraestructura penal sin partidas específicas.

Conflicto judicial: Vaticinó que la norma generará una “conflictividad litigiosa”, ya que muchas provincias podrían considerar que se están avasallando facultades propias, llevando el debate hasta la Corte Suprema.

Para el senador, el voto negativo no es solo una postura frente a la edad de imputabilidad, sino un acto de defensa institucional. “Estamos aquí para defender nuestras autonomías provinciales a la hora de votar estas normas que van a generar más problemas que soluciones de fondo”, concluyó.

Con este posicionamiento, marcó una clara distancia del bloque oficialista y de sectores de la oposición que apoyaron la baja de la edad, reforzando su perfil de “líder federal” que prioriza los intereses y la sostenibilidad administrativa de Santiago del Estero.