La tensión fiscal llega a un punto de no retorno. Mientras la Casa Rosada giró $47.000 millones de forma selectiva a gobernadores cercanos, el reclamo federal por la coparticipación de enero y febrero ya supera los $800.000 millones.
Esta retención de fondos afecta directamente los servicios básicos en cada provincia: salud, educación y seguridad están en alerta. ¿Es una estrategia de presión política o una asfixia económica inevitable? La Rioja y el resto del país exigen respuestas urgentes.
