18 julio, 2025 8:05 pm
desempleo argentina

El 65 por ciento de los puestos laborales amenazados por la apertura comercial corresponden al sector manufacturero.

La apertura comercial iniciada por el Gobierno nacional pone en riesgo 430.000 puestos de trabajo y no existe una estrategia de transición en el horizonte para los trabajadores afectados. Según un estudio del centro de investigaciones Fundar, que analiza la desregulación comercial y su impacto en el empleo, Javier Milei inauguró la tercera ola aperturista de la historia económica argentina reciente y rápidamente eliminó las regulaciones comerciales en una de las economías más cerradas del mundo.

De acuerdo a los investigadores Leonardo Park, Matías Gutman, Nadia Schuffer, Belén Bentivegna y Santiago Capobianco, las decisiones de política implementadas por el actual gobierno constituyen una verdadera reforma comercial, con modificaciones más profundas que las de la experiencia más reciente de apertura comercial, llevada a cabo entre 2016 y 2019.

Los puntos salientes de esa reforma fueron la eliminación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y las Licencias No Automáticas (LNA), las principales herramientas utilizadas para administrar el comercio. La búsqueda de corregir las distorsiones generadas por el uso discrecional de estos instrumentos y facilitar el acceso a insumos, tecnología y bienes de consumo, generó también perjuicios al entramado productivo nacional, asegura el reporte.

La caída en la actividad económica, la apreciación del tipo de cambio real y un aumento en el desempleo completan la política de la gestión. La recesión inicial aminoró el impacto inicial del ingreso de importaciones sobre el empleo. En base un simulador, Fundar proyectó un modelo insumo-producto que calculó 430.000 puestos de trabajo amenazados por la apertura importadora. Se trata del 1,9 por ciento del empleo total y los analistas consideran la cifra como conservadora.

En detalle, la caracterización del empleo en riesgo arroja que el 65 por ciento de los puestos de trabajo se concentra en la industria manufacturera, y ascienden a un total 282.000 empleos. Particularmente en sectores como textil-indumentaria, calzado, madera, productos de metal y electro-electrónica, altamente expuestos a la competencia externa. “Aquel número representa el 11 por ciento del empleo industrial del país. Le siguen las ramas de servicios de Comercio, con 62.000 empleos en riesgo (14 por ciento del total en riesgo) y Transporte y comunicaciones, con 34.000 empleos en riesgo (8 por ciento del total en riesgo)”, explicaron.

“En términos de porcentaje del empleo sectorial, el sector más vulnerable es el de Receptores de radio y televisión, donde casi 9 de cada 10 empleos (91 por ciento, casi 9.000 empleos) estarían en riesgo. Este sector incluye productos de electrónica de consumo, como los celulares y los televisores. Otros sectores destacados son Motores, generadores y transformadores eléctricos (73 por ciento, 10.000 empleos) y Maquinaria de oficina, contabilidad e informática (64 por ciento, 3.700 empleos)”, agregaron.

En cuanto al impacto regional, y en relación con el tamaño del empleo en cada provincia, destacaron el caso de Tierra del Fuego, donde está en riesgo el 5,5 por ciento del empleo privado. Seguida de San Luis con un 3,2 por ciento, y Buenos Aires con el 3,0 por ciento.

Según el estudio, Argentina es una de las naciones más protegida al comercio exterior del mundo. “Si ordenamos a los países de más abiertos a más cerrados en función de cuánto representa la suma de las exportaciones e importaciones en relación con su PIB, Argentina aparece año tras año al final del ranking. En 2023, se situó en el puesto 121 de 123 países, compartiendo los últimos lugares con Sudán y Etiopía”.

Además explican que el país mantiene un alto nivel de protección comercial por dos razones principales: aplica aranceles de importación relativamente elevados, siendo uno de los más altos de América Latina y el Caribe (superada únicamente por Bahamas, Barbados y Venezuela). Al mismo tiempo, acumuló en los últimos veinte años numerosas medidas no arancelarias (como regulaciones técnicas, sanitarias y restricciones cuantitativas) que en la práctica actúan como barreras al comercio.

Los investigadores de Fundar advierten que la eliminación de estas barreras comerciales puede impactar positivamente sobre el crecimiento económico, pero la magnitud de ese efecto dependerá de la eficiencia con que el aumento del comercio se traduzca en mejoras de productividad o en mayores inversiones.

La apertura comercial representa, al mismo tiempo, una amenaza a la producción local y el empleo asociado.

La implementación de políticas de transición bien diseñadas es fundamental para mitigar las consecuencias negativas y de largo plazo de la apertura comercial, según los expertos. En ese sentido, las medidas de apertura comercial impactan con mayor fuerza cuando no se articulan adecuadamente con otras políticas económicas, como las políticas cambiaria, tributaria y productiva.

“En particular, una apreciación del tipo de cambio real reduce la competitividad de la producción nacional frente a los bienes importados, acelerando el ingreso de productos externos y profundizando la pérdida de empleo. Si el tipo de cambio real se hubiera mantenido en los niveles de 2023, el empleo en riesgo sería de 355.158 puestos de trabajo”, detallan. Promover un tipo de cambio real competitivo, reducir la presión tributaria y facilitar el acceso a financiamiento deben ser parte de una estrategia integral.

A su vez advierten que “es clave diseñar planes de reconversión específicos para los sectores más

expuestos a la competencia externa, que históricamente han dependido de altos niveles de protección”. Los mismos deberán contemplar mecanismos de identificación y acompañamiento de los trabajadores desplazados, y para su implementación es clave el rol de los gobiernos locales, que conocen mejor la estructura productiva y las necesidades del territorio. Sin un enfoque diferenciado, el ajuste recaerá de manera desproporcionada sobre quienes tienen menos herramientas para adaptarse, que son los trabajadores.

Fuente: Página 12