La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que la megacausa por el desmonte ilegal en el Chaco debe tramitarse en el fuero federal. La investigación apunta a una red de tráfico de influencias, asociación ilícita y malversación de fondos que permitió la destrucción sistemática del bosque nativo.
Mientras la provincia atraviesa una fuerte parálisis maderera por frenos judiciales al OTBN, la verdadera «bomba» judicial se reactivó en los tribunales de la Nación. La máxima autoridad penal del país ratificó que la Justicia Federal es la competente para investigar lo que las organizaciones ambientalistas denominan la «mafia de los desmontes».
La causa, que había sido frenada en instancias locales, investiga un entramado de poder donde empresarios forestales habrían ocupado cargos públicos o legislativos para autorizar desmontes que los beneficiaban a ellos mismos. Los delitos que se investigan son graves: abuso de autoridad, tráfico de influencias y asociación ilícita. El juez Gustavo Hornos fundamentó la competencia federal advirtiendo que el daño ambiental en el Chaco es «interjurisdiccional», ya que afecta a todo el ecosistema compartido con provincias vecinas.
Funcionarios en la mira
Entre los señalados aparece el ex director de Bosques, Miguel Ángel López, acusado de recategorizar predios ilegalmente. Además, el colectivo de Abogados Ambientalistas denuncia que desde la propia Dirección de Bosques provincial se habrían «planchado» o archivado miles de expedientes por infracciones ambientales para proteger a empresarios amigos.
Para la querella, este fallo de Casación es un punto de inflexión. Sostienen que la intervención federal es la única forma de romper el esquema de «puerta giratoria» en el Chaco, donde quienes deben controlar la actividad son, en muchos casos, los mismos que la explotan. Mientras la causa avanza, los ambientalistas buscan que se restituya la prohibición total de desmontar ante la «falta de control efectivo» del organismo provincial.
