“Algo cambió”, dice Sebastián Campo. El productor agropecuario de Acevedo, un pueblo a un puñado de kilómetros de Pergamino, se viralizó por un video donde reclama al campo una reacción enérgica ante la estafa que significó la fugaz quita de retenciones a los granos por parte del Gobierno nacional. En diálogo con Buenos Aires/12, analiza cómo el electorado rural moldeó una permeabilidad hacia el peronismo que se reflejó en los resultados del 7 de septiembre.
Campo cultiva las tierras de su familia hace más de dos décadas, arrienda algunas hectáreas y alquila servicios a otros productores. En medio de una casi nula productividad para los chacareros, observa que aún se mantienen fuertes barreras ideológicas en el agro, aunque con más fervor entre las cúpulas dirigenciales que entre las bases. Por eso no lo asombra el triunfo de Fuerza Patria en muchas localidades culturalmente agropecuarias, como Pergamino, Junín, Rauch o Chivilcoy.
Hoy es secretario general de Bases Federadas, organización nacional integrada por pequeños y medianos productores. Sostiene que aún hay resistencia al peronismo en el sector pura y exclusivamente por el conflicto de la Resolución 125 en 2008, pero nota un cambio. Para eso rememora su tiempo como presidente de la filial de la Federación Agraria en Pergamino cuando en 2019, antes de fuese gobernador, aceptó la propuesta de que Axel Kicillof asistiera a la institución para mantener un encuentro con él y representantes del agro local.
“No me lo perdonaron”, recuerda Campo. Dice que en la ciudad lo trataron de traidor y que, incluso, le costó caminar por la calle. Su respuesta era que como dirigente gremial iba a recibir a cualquier candidato. “Si me escribía María Eugenia Vidal hubiese hecho lo mismo, pero no me escribió”, apunta. Por estos días, con la explosión mediática de su video pidiendo al campo que “se despabile” ante la estafa de las retenciones libertarias, asegura que a contramano de años atrás, recibió muchos mensajes de apoyo.
La experiencia de las últimas horas fue diferente a la de 2019. “Vinieron muchos gringos a mi galpón a decirme ‘cómo nos cagó este loco ’”, relata Campo. El loco es Javier Milei, que permitió que cinco exportadoras capitalicen el beneficio de la quita de retenciones, dejen al Estado sin 1.500 millones de dólares de recaudación y, ahora, mantendrán el costo de las retenciones sobre los productores.
“El chacarero que está con los borcegos puestos en medio del barro se siente estafado”, dice el dirigente agrario. Hace referencia a trabajadores que al quejarse son tildados de “agromandriles” en redes sociales. Son, explica, los que necesitan tener una productividad por encima de los 30 quintales por hectárea si quieren “juntar unos mangos”, un número que está por encima del promedio de la región.
Deposita su expectativa en una relectura, tanto desde la dirigencia rural como la política. Pide que haya una férrea vocación de manifestar el “pifie” de la 125, donde no se segmentó y, por el contrario, quedaron dentro de la misma bolsa la cerealera multinacional y el productor en borcegos. Y también, sostiene, que la cúpula del agro sea consecuente con la realidad productiva, donde desde diciembre de 2023 los costos se dispararon por las nubes y agarraron endeudados a la mayoría de los chacareros bonaerenses.
¿Rinde el campo con Milei?
Campo advierte cómo el inicio del gobierno de los hermanos Milei fue el tiro de gracia para la economía de los pequeños y medianos productores a partir de la megadevaluación impulsada por Luis Caputo apenas asumió. El dólar duplicó su valor a mediados de diciembre de 2023, en un momento donde el sector se preparaba para la siembra de la nueva temporada.
El agravante era el contexto. La histórica sequía de aquel año dejó a los chacareros endeudados en dólares y, de un momento a otro, la cantidad de pesos necesaria para obtener las divisas se multiplicó por dos. El combustible se encareció, los precios internacionales no fueron los mejores y el factor climático tuvo una mejora relativa. La cuestión es, señala Campo, que aún hoy transita la recuperación de aquella piña a la economía de los productores.
Para graficarlo, expone datos. Dice que un productor en Pergamino que arrienda la tierra para sembrar soja, al igual que el 70 por ciento de los productores del país, necesita un promedio de 15 quintales para pagar el alquiler y otros 15 para sostener los costos de la siembra y la cosecha. Un quintal son cien kilos, por lo que necesita un rendimiento de, al menos, 3 mil kilos por hectárea. Si se busca una ganancia, el número debe ser mayor.
Según sus propios registros que comenzó en 2012, el rendimiento promedio de la región oscila los 3 mil y 3.100 kilos de soja. “Llegás con lo justo o es negativo”, subraya. En base a estos valores, explica el efecto de la sequía donde, en su campo, apenas cosechó entre 6 y 7 quintales por hectárea. Desde entonces, el trabajo está centrado en terminar con las deudas.
Esas deudas suelen ser con empresas de acopio o cooperativas. El productor cosecha, carga en el camión, lleva a alguno de estos puntos y sus granos se convierten en una especie de cuenta corriente. Va liquidando según la necesidad y, en muy pocos casos, especula con los valores del dólar o del precio internacional. Pero Campo remarca que “la mayoría vamos con el día a día, porque no tenemos un tipo sentado en una oficina viendo el minuto a minuto, por eso no podés ir y liquidar en esta ventana como dice el gobierno”.
Deja en claro que lo hecho por Milei y Caputo es una “estafa”. Sólo un grupo de cerealeras, con Bunge a la cabeza, capturaron el cupo de 7 mil millones de dólares habilitados a tener retenciones cero. “Son granos que no tienen, que ahora compraran con un precio donde te cobran una retención que ellos no pagaron”, acusa el dirigente rural.
Dar el salto ideológico
Si hay algo que Campo no asimila es cómo la Federación Agraria llegó a compartir una causa con la Sociedad Rural. Cuenta que participó de los cortes por la 125, recuerda aquel nivel de conflictividad y sostiene que hoy debería haber otro tipo de reacción ante el aprovechamiento que hace el gobierno libertario de la producción rural.
Coincide con Andrea Sarnari, reciente presidenta reelecta de FAA, que en una entrevista con este diario dedujo que en un contexto crítico para el sector agropecuario como el actual “cuesta mucho más movilizarse, reclamar”. “En aquel momento había muy buenos precios internacionales, el productor tenía plata en el bolsillo y todo era más fácil, mientras que hoy la prioridad es la supervivencia y construir organización en este contexto es mucho más complejo”, detalló respecto al 2008.
A su juicio, el camino hacia la reconciliación tiene que venir con un claro reconocimiento sobre el error de la resolución sobre las retenciones y continuar con políticas públicas como las desarrolladas en la provincia de Buenos Aires. Destaca el rol de Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de Kicillof, por dedicarse a la gestión, caminar por las organizaciones rurales, escuchar y traer soluciones.
“Vidal prometió que iba a hacer 12 mil kilómetros de caminos rurales e hizo 0, mientras que Kicillof no prometió nada e hizo 4.500”, advierte Campo. No deja de reconocer la necesidad de seguir invirtiendo, pero pide el reconocimiento del sector rural a las gestiones. “Vidal llegó y la patrulla rural de acá tenía tres camionetas, pero cuando se fue quedaba una y en pésimo estado, mientras que hoy con la actual gestión provincial tenemos cinco”, señala al ser consultado por las quejas vinculadas al impuesto inmobiliario rural.
A pesar del rezago ideológico, la realidad es que el peronismo ganó en tres de las cinco secciones electorales del interior bonaerense donde se concentra la actividad agropecuaria. En la quinta, la derrota fue por un escaso margen. Así, mantuvo la tendencia victoriosa de 2023, cuando triunfó en cuatro de las cinco, perdiendo solo en la sexta.
Fuente: Página 12
