Un informe de diputados nacionales revela que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, retuvo más de $1.165.491 millones del Impuesto a los Combustibles desde 2024. Ese dinero tenía un destino claro por ley: el mantenimiento de rutas en todo el país. Pero nunca llegó.
Los números son contundentes: $354.835 millones retenidos en 2024, $688.126 millones en 2025 y otros $122.530 millones en los primeros meses de 2026. Todo esto, mientras la recaudación del impuesto creció un 378%.
La Ley 23.966 establece que el 28,58% de lo recaudado debe ir directamente al sistema vial. No es opcional. Sin embargo, el informe denuncia que este mecanismo fue incumplido de forma sistemática.
Las consecuencias ya se sienten en todo el país: rutas deterioradas, falta de señalización y tramos cada vez más peligrosos. En provincias como Entre Ríos, la situación es crítica y los reclamos crecen día a día.
Intendentes de distintas provincias se reúnen para exigir respuestas al gobierno de Javier Milei. Mientras tanto, legisladores advierten que el conflicto podría escalar hasta la Corte Suprema.
El punto más polémico: el superávit fiscal que celebra el Gobierno podría estar sostenido, en parte, por fondos que nunca se transfirieron y obligaciones legales incumplidas.
Incluso se investiga si parte de ese dinero fue redirigido a operaciones financieras en lugar de invertirse en obra pública.
