El dictamen de mayoría que el oficialismo consiguió en el Senado tiene una “reforma impositiva encubierta” que preocupa a los principales aliados de la Casa Rosada, pero también a los que no comulgan con las ideas de Milei.
Según los datos técnicos que obran en el Congreso, Santiago del Estero perdería $74.739 millones si se aprueba el paquete tal como está planteado.
Santiago del Estero no está discutiendo solo una ley laboral. Está discutiendo una amenaza directa a sus arcas. La provincia aparece entre las diez más afectadas: $74.739 millones menos en recursos automáticos (coparticipables), una cifra que en la práctica se traduce en menos margen para salarios estatales, salud, educación y obra pública.
Santiago figura octava entre las provincias que más perderían en términos nominales. Solo por encima aparecen Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Tucumán y Mendoza.
En política, ese número no es una planilla: es una señal. Porque en una provincia donde gran parte del funcionamiento del Estado depende de fondos nacionales, cualquier recorte “invisible” (por caída de recaudación) pega como un recorte explícito, pero sin que alguien lo firme con nombre y apellido.
La clave política: no sería “un castigo”, sería una regla automática
Aquí está el punto más explosivo del tema: no hace falta que Nación “decida” recortar Santiago. Si la reforma baja ingresos de impuestos que terminan alimentando la bolsa coparticipable, el recorte llega igual, “solo”, por fórmula.
Eso cambia el tablero político: porque el Gobierno puede decir “no tocamos a las provincias”, mientras los gobernadores ven caer la transferencia automática. Y en Argentina, cuando cae lo automático, crece la otra caja: la discrecionalidad (negociaciones, compensaciones, “te doy si me votás”). Esa es la película que enciende las sospechas en las provincias.
¿Por qué una reforma laboral pega en coparticipación?
Porque la reforma no discute solo convenios e indemnizaciones: también incluye medidas con impacto fiscal (por ejemplo, reducción de contribuciones patronales y cambios con costo para la recaudación), y eso puede “vaciar” recursos públicos.
La discusión de fondo es política: el Gobierno plantea “bajar costos” y empujar formalidad; las provincias preguntan: ¿quién paga el bache mientras esa formalidad llega (si llega)?
Santiago del Estero: Lo que está en juego en términos concretos
Cuando a una provincia le faltan $74.739 mil millones anuales, el impacto no aparece como una frase bonita en un proyecto. Aparece en decisiones incómodas:
- Sueldos públicos.
- Hospitales y salud.
- Educación.
- Obra pública.
- Impuestos provinciales.
En síntesis: en Santiago la discusión no es “macro”. Es de la vida diaria. Y es además territorial: golpea más donde el Estado es motor económico.
Ojo: Hay varias cuentas (y eso también es política)
En la discusión pública circulan números distintos sobre el impacto total: algunos informes hablan de pérdidas de $1,9 billones para provincias; otros plantean cifras más altas según qué conceptos se incluyan y qué año base se tome.
¿Traducción política?
Cuando hay distintas cuentas, cada actor elige la que le conviene:
Nación se apoya en el escenario “menor” para bajar el costo político;
Provincias se paran en el escenario “mayor” para negociar resguardos.
Santiago no tiene mucho margen para jugar a la ruleta: incluso un escenario “medio” le puede generar un problema real de gestión.
La discusión no se va a resolver con slogans sobre “modernización” ni con promesas de “lluvia de empleo”. Se va a resolver con una pregunta brutalmente concreta: ¿quién se queda con la caja y quién se queda con el costo? Porque si el escenario de la reforma se materializa y Santiago del Estero pierde $74.739 millones, eso no es una anécdota fiscal: es un cambio de régimen. Es menos plata para que la provincia funcione, para que sostenga salarios, para que haga obra, para que atienda emergencias, para que amortigüe lo social cuando la calle aprieta. Y cuando una provincia pierde margen, no pierde solo recursos: pierde poder.
La trampa política de este tipo de reformas es que el recorte no llega con un decreto que diga “recortamos Santiago”. Llega por debajo de la puerta, como una consecuencia automática. Y entonces aparece el juego viejo de la Argentina: lo que se cae de lo automático se intenta compensar con lo discrecional. Ahí es donde el federalismo empieza a parecerse a otra cosa: a una negociación permanente en la que el que tiene la botonera en Buenos Aires decide si te rescata o te deja sangrar. No es solo un debate técnico. Es una discusión de jerarquías: quién manda y quién pide. El mensaje es clarísimo: el ajuste se federaliza, pero el control se centraliza.
Y entonces la pregunta final, la que debería quedar estampada en el recinto, es esta: si el Gobierno está tan seguro de que la reforma va a generar formalidad y recaudación, ¿por qué no acepta blindar a las provincias con un piso transitorio y una compensación automática? Si el resultado va a ser virtuoso, no debería temerle a una cláusula de resguardo. Pero si no la quiere, es porque en el fondo sabe que el costo existe, que alguien lo va a pagar… y que ese alguien está lejos de la Casa Rosada. En Santiago, esos $74.739 millones no se pierden en una planilla: se pierden en decisiones. Y cuando las decisiones son entre ajustar servicios o subir impuestos, la política deja de ser debate y se convierte en realidad.
