El Congreso analiza un proyecto que podría modificar de manera significativa las reglas sobre la compra y posesión de tierras rurales en Argentina. La propuesta forma parte de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y plantea un nuevo esquema para las operaciones que involucren a personas o empresas extranjeras.
La iniciativa busca reemplazar parte del marco legal vigente e introduce restricciones para determinados compradores, especialmente aquellos vinculados a estados extranjeros. Al mismo tiempo, establece nuevos procedimientos para autorizar este tipo de adquisiciones.
¿Qué propone la nueva Ley de Tierras?
El proyecto mantiene el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos extranjeros establecidos por la Constitución Nacional, pero fija condiciones específicas para la compra de inmuebles rurales.
Uno de los puntos centrales es que los estados extranjeros no podrán adquirir tierras rurales en el país. Además, la restricción también alcanzará a empresas que cuenten con participación estatal extranjera, ya sea directa o indirecta.
En estos casos, la compra solo podrá concretarse si cuenta con la autorización de la provincia donde se ubique el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
¿Por qué el proyecto pone el foco en empresas vinculadas a otros países?
Uno de los argumentos planteados durante el debate es la necesidad de proteger recursos considerados estratégicos para el país.
Según los impulsores de la iniciativa, el objetivo es evitar que gobiernos extranjeros o compañías controladas por ellos concentren grandes extensiones de tierras rurales, especialmente en zonas de interés productivo o geopolítico.
Aunque el texto del proyecto no menciona a ningún país en particular, la discusión surgió en un contexto de creciente preocupación por las inversiones realizadas por empresas con participación estatal extranjera, especialmente provenientes de Asia.
El proyecto también incorpora requisitos adicionales para los inmuebles ubicados en áreas consideradas de seguridad de frontera.
En esos casos, los compradores extranjeros deberán obtener una autorización expresa tanto de la provincia correspondiente como del Gobierno nacional antes de concretar la operación.
¿Qué es el “silencio administrativo”?
Uno de los cambios más novedosos del proyecto establece que, si las autoridades no responden un pedido de autorización dentro del plazo previsto por la ley, la operación podrá considerarse aprobada automáticamente.
Este mecanismo, conocido como silencio administrativo, comenzaría a aplicarse una vez transcurridos los plazos establecidos en la norma.
¿Qué ocurre con quienes ya poseen tierras?
La iniciativa aclara que los cambios no tendrán efecto retroactivo.
Esto significa que las personas o empresas que hayan adquirido tierras rurales antes de la eventual aprobación de la ley conservarán los derechos obtenidos bajo la legislación vigente al momento de la compra.
La propuesta abrió un fuerte intercambio político y económico.
Quienes respaldan el proyecto sostienen que resulta necesario fortalecer el control sobre recursos estratégicos y preservar la soberanía territorial frente a intereses de otros estados.
En cambio, los sectores críticos advierten que un endurecimiento de las condiciones para la inversión extranjera podría desalentar nuevos proyectos productivos y afectar el ingreso de capitales al país.
El proyecto continúa su recorrido legislativo y deberá ser debatido en el recinto. Allí podrían introducirse modificaciones antes de una eventual aprobación definitiva.
Por tratarse de una iniciativa que involucra la propiedad de tierras rurales, inversiones extranjeras y recursos estratégicos, se espera que el debate continúe siendo uno de los temas centrales de la agenda parlamentaria durante las próximas semanas.
