Por Xavier Ferrera Peña.- La explicación oficial sobre la disolución de la ANDIS combinó dos ideas: “reorganización”/“eficiencia” y reacción ante irregularidades detectadas en el área.
En términos institucionales, el anuncio consolida una secuencia previa: intervención del organismo en 2025 (con designación de interventor) y, ahora, su desjerarquización como agencia con conducción y estructura propias para pasar a ser un área dentro de un ministerio.
Por qué se lee como “síntoma” de desmantelamiento del sistema de protección
La discusión no es solo administrativa. En discapacidad, el “cómo” se organiza el Estado define velocidad, acceso y garantías:
La ANDIS no es una oficina cualquiera: articula certificación (CUD), políticas de inclusión y el entramado de acceso a prestaciones y apoyos. Su propia misión pública se describe como la de “elaborar y gestionar políticas públicas para promover derechos e inclusión”.
La absorción por Salud tiende a “sanitarizar” un campo que, por estándares internacionales y por la práctica de derechos, se aborda también desde accesibilidad, educación, trabajo, transporte, vida independiente (no solo clínica).
En ese marco, el cierre aparece para muchas organizaciones y especialistas como un retroceso institucional: menos capacidad de coordinar políticas transversales y más riesgo de que la agenda quede subordinada a urgencias sanitarias generales.
El contexto político-judicial: la causa por presuntas coimas y la mención de Karina Milei
El anuncio del cierre quedó pegado al escándalo que detonó en 2025: una investigación judicial que se originó tras la difusión de audios atribuidos al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde se describe un presunto esquema de sobornos y se menciona a figuras del entorno presidencial. Reuters informó que la Justicia investigaba el caso y que los audios implican a Karina Milei, aunque el Gobierno no confirmó la autenticidad de las grabaciones.
Chequeado, por su parte, relevó qué sostuvo la fiscalía y el expediente a partir de esa filtración, en un proceso que siguió sumando medidas y derivaciones políticas.
Punto clave (periodístico y legal): Hoy lo comprobable es que existe una causa/investigación y que la mención a Karina Milei aparece en denuncias y publicaciones sobre audios atribuidos a un exfuncionario; eso no equivale, por sí solo, a una culpabilidad probada.
¿A cuántas personas puede afectar en la vida diaria?
Hay dos “universos” masivos (con superposición parcial) que dimensionan el impacto:
- Certificado Único de Discapacidad (CUD)
Más de 1,9 millones de personas tenían CUD vigente (dato oficial a marzo de 2025).
- Pensiones No Contributivas (PNC)
En mayo de 2025, había 1,75 millones de beneficiarios de PNC; dentro de ese total, la PNC por invalidez alcanzaba a 1.189.180 personas (≈ 1,2 millones).
Cómo leer el número real de afectados: no se puede sumar linealmente CUD + PNC porque mucha gente está en ambos sistemas. Aun así, la medida toca un piso de millones de trayectorias cotidianas: trámites, auditorías, transporte, cobertura de apoyos y continuidad de prestaciones.
Qué puede empeorar sin un organismo especializado (riesgos concretos)
Aunque el Gobierno dijo que la absorción no implicará baja automática de pensiones, el riesgo operativo y de garantías existe:
Trámites y “cuellos de botella”
Más demoras en CUD (altas/renovaciones), juntas evaluadoras, turnos y derivaciones, por reacomodamientos internos y cambios de circuitos.
Mayor discrecionalidad territorial: si la coordinación nacional se debilita, crece la lotería provincial/municipal.
Acceso a derechos asociados al CUD
El CUD habilita, entre otros, cobertura de prestaciones del sistema de apoyos y transporte público nacional gratuito. Si se enlentece o se vuelve más restrictivo, se corta lo cotidiano: ir a rehabilitación, escuela, trabajo o controles médicos.
Señales de endurecimiento en el enfoque
El período 2025 ya estuvo marcado por polémicas públicas sobre criterios y lenguaje estatal en discapacidad, y por tensiones políticas alrededor del financiamiento del área.
En ese clima, el cierre de ANDIS puede leerse como otra pieza: menos institucionalidad específica + más auditorías + mayor poder concentrado en una estructura ministerial.
Un cierre que también reconfigura el “control” de la caja
ANDIS no es solo diseño de políticas: también es parte del ecosistema de control y auditoría en un universo con alto gasto público y alta vulnerabilidad. Tras un escándalo de presunta corrupción, el Gobierno puede argumentar “centralizar para controlar”. Pero el contraargumento fuerte es: si el problema era corrupción y captura, la respuesta lógica sería fortalecer capacidades de control y transparencia sin borrar la institucionalidad de derechos que ordena el sistema.
El cierre de la ANDIS no es una simple mudanza de organigrama: es una señal política sobre qué lugar ocupa la discapacidad en la agenda del Estado. Cuando un organismo creado para garantizar derechos se disuelve y sus funciones se “absorben” sin un plan público detallado, lo que queda no es eficiencia, sino incertidumbre: trámites que se demoran, prestaciones que se traban, familias que vuelven a empezar de cero en ventanillas distintas, y una vida cotidiana que se encarece en tiempo, plata y desgaste emocional.
En un país donde millones dependen del CUD y de pensiones o apoyos para estudiar, trabajar, trasladarse o sostener tratamientos, la desaparición de una agencia especializada puede convertirse en un apagón silencioso: no hace ruido en el centro del poder, pero se siente en cada casa donde la inclusión se juega en lo concreto. Y si, además, el cierre ocurre en el mismo clima en que se investiga una trama de presuntas coimas alrededor del área, la pregunta que queda flotando es incómoda pero inevitable: ¿se corrige lo que funcionaba mal o se desarma lo que protegía?
Porque cuando el Estado se retira de la discapacidad, no desaparece el problema: se traslada. Pasa a la espalda de las familias, a la caridad, al endeudamiento, a la informalidad, a la resignación. En el tablero de la política puede parecer una reestructuración; en la vida real, para muchos, puede ser la diferencia entre tener un derecho y tener una promesa.
Fuente: Nuevo Diario
