Cuando la política fullera propone bajar la edad de la inimputabilidad

En Argentina, el debate sobre la baja de la edad de inimputabilidad penal vuelve a instalarse con fuerza. No es casual. En medio de una profunda crisis económica y social, el gobierno nacional recurre una vez más a soluciones simplistas y efectistas para ocultar su responsabilidad en el deterioro de las condiciones de vida de millones de familias.

Actualmente, la edad de inimputabilidad penal se mantiene en los menores de 16 años, según la Ley 22.803. Esto implica que los niños y niñas por debajo de esa edad no pueden ser sometidos a proceso penal, aunque el Estado sí debe intervenir desde el Sistema de Protección Integral de Derechos. En el caso de adolescentes de 16 a 18 años, la punibilidad solo rige para delitos cuya pena supere los dos años de prisión.

Sin embargo, durante 2026 comenzaron a impulsarse proyectos de ley que proponen bajar la edad de imputabilidad a los 13 e incluso a los 12 años, bajo el argumento de que el delito juvenil habría aumentado y se habría convertido en uno de los principales problemas de inseguridad del país. Esta afirmación, repetida como consigna, omite deliberadamente las causas reales del problema.

La violencia protagonizada por menores no puede analizarse sin mencionar el avance del narcotráfico, la pobreza estructural, el hambre y la exclusión social. El ruido del estómago vacío también genera violencia. Cuando faltan oportunidades, educación, trabajo y contención, el delito organizado encuentra terreno fértil para reclutar a los más vulnerables.

El caso del adolescente asesinado en Santa Fe, utilizado políticamente para justificar la baja de la edad de imputabilidad, presenta características similares a hechos recientes ocurridos en Monte Quemado, donde un sicario intentó asesinar a un joven vinculado al narcomenudeo. En un caso hubo un sobreviviente; en el otro, una víctima fatal. En ambos, la droga estuvo presente, aunque no siempre se la mencione.

El sistema judicial argentino tampoco escapa a este debate. Se trata de un sistema selectivo y desigual, que persigue con mayor dureza a los sectores pobres mientras muestra una preocupante indulgencia frente a las estructuras del narcotráfico. Las organizaciones criminales se valen de niños y adolescentes para distribuir drogas, controlar territorios e incluso cometer delitos violentos, aprovechándose de su vulnerabilidad social y legal.

Desde la asunción del actual gobierno, los recortes económicos profundizaron el empobrecimiento de los hogares. Hoy, ocho de cada diez niños viven en la pobreza y más de 2,4 millones se acuestan sin cenar. Esta realidad constituye una de las principales emergencias sociales del país y explica, en gran medida, el crecimiento de la violencia y la inseguridad.

La Convención sobre los Derechos del Niño es clara al señalar que, debido a su falta de madurez física y mental, los niños requieren protección especial del Estado. Criminalizarlos no solo contradice los compromisos internacionales asumidos por Argentina, sino que además fortalece el negocio del delito organizado, que encuentra reemplazos rápidos en contextos de extrema pobreza.

Bajar la edad de inimputabilidad no resolverá el problema de la seguridad. El sistema penal no puede reemplazar a las políticas sociales. Cuando un menor es utilizado por una organización criminal, el delito debe recaer sobre el adulto que lo instiga y se beneficia, mientras que el niño debe ser considerado víctima y protegido como tal.

La verdadera solución exige fortalecer el Sistema de Protección Integral de Derechos, garantizar el acceso a la educación, la salud, la alimentación y generar oportunidades reales de inclusión social. Castigar a la infancia no es justicia: es el reconocimiento del fracaso de un modelo que elige disciplinar a los más débiles en lugar de enfrentar a los verdaderos responsables.