LLA transformó la Constitución en papel higiénico, y desde Monte Quemado nos preguntamos ¿Qué esperamos los argentinos?

Donde, politizan la Justicia y la corrupción se cajonea. Donde al Congreso de la Nación se lo transforma en un Mercado Persa y se venden y compran los ideales y la dignidad también, Donde no funciona la Justicias Social, la Democracia es nada más que una excusa. 

En efecto, el Gobierno del presidente Javier Milei abandonó a los discapacitados, apuró la muerte a los enfermos de cáncer negándole los remedios oncológicos a los jubilados los empuja a vivir en la indigencia con un sueldo de $400,000 cuando el costo de vida de marzo del INDEC de $1.500.000.

 Quien puede dudar estamos asistiendo a la obra de un psicótico, malvado o de un economista insensible que está destruyendo el Estado, acompañado y usado por un puñado de funcionarios del Macrismo cuyos nombres figuran en causas por delitos de corrupción, causas que permanecen cajoneadas sin sentencia firme en obra de una justicia politizada y acompañada por un sector de los medios de comunicación y periodistas ensobrados. Todo responsable de la tragedia que confunde y destruye la Democracia Argentina.

No es fácil poder combatir al nazi fascismo ni con moderación, ni con la lectura de los tratados de los Derechos Humanos. Los libertarios no respetan leyes consentidos por algunos legisladores y gobernadores, que vendieron principios y traicionaron a sus electores convirtiendo al Congreso de la Nación en un Mercado Persa, otorgando al poder ejecutivo del gobierno de la Ultra Derecha transformar la Constitución de la Nación Argentina en papel higiénico.

Milei y sus incumplimientos a la Constitución

Diversas figuras políticas, organizaciones de derechos humanos y expertos constitucionales han señalado posibles incumplimientos de Javier Milei a la Constitución Nacional desde el inicio de su gestión. Estas críticas se centran principalmente en el uso de decretos y el ejercicio de facultades legislativas.

A continuación, se detallan los puntos más señalados como inconstitucionales:

Abuso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU): Se cuestiona la validez del DNU 70/2023 por presuntamente violar el Artículo 99, inciso 3, que prohíbe al Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo salvo en circunstancias excepcionales. Organizaciones como el CELS argumentan que el decreto arroga facultades extraordinarias y representa una regresión en derechos humanos.

Violación de la división de poderes: Se le acusa de vulnerar el Artículo 1 (forma republicana) y el Artículo 29, que establece que el Congreso no puede otorgar al Ejecutivo “facultades extraordinarias” ni la “suma del poder público”. Críticos como Elisa Carrió han calificado ciertas acciones gubernamentales como propias de un gobierno “de facto” por ignorar la letra constitucional.

Desconocimiento de tratados internacionales: Se ha señalado que políticas como la eliminación de figuras de género o cambios en la protección de pueblos indígenas contradicen convenios internacionales con jerarquía constitucional según la reforma de 1994.

Incumplimiento de deberes de funcionario público: que el presidente está violando deberes fundamentales de su cargo Algunos sectores, como el CECIM La Plata, han presentado denuncias formales por considerar

Conflicto con el federalismo: Gobernadores como Axel Kicillof han afirmado que el presidente no respeta la Constitución al recortar fondos transferidos a las provincias, afectando el sistema federal.

Recientemente, legisladores han impulsado proyectos de juicio político basados en la “suspensión de hecho” de la Constitución y la destrucción de la democracia.

El gobierno de Javier Milei ha suprimido o desregulado cientos de normas y organismos bajo el enfoque de “motosierra” y reducción del gasto público, enfocándose en eliminar controles de precios, desmantelar áreas de género y diversidad, y reestructurar organismos estatales. Las principales medidas incluyen la derogación de leyes de abastecimiento, cierre de programas sociales, eliminación de ministerios y recortes en el empleo público.

Desregulación Económica y Comercial: Se derogaron más de 43 normas que permitían al Estado intervenir en mercados, fijar precios y controlar la producción en sectores lácteos y cárnicos.

Políticas de Género y Diversidad: Se cerraron o desmantelaron el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la Dirección Nacional de Políticas Transversales de Género, y la Dirección de Equidad Racial y Personas Migrantes.

Organismos y Planes Sociales: Eliminación de la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y programas de la Economía Popular.

Educación y Cultura: A partir de 2026, la educación vial y la prevención de violencia de género dejaron de ser obligatorias. Se inició la reestructuración de organismos culturales clave.

Empleo y Empresa Pública: Se avanzó en el cierre o privatización de dependencias públicas, afectando a organismos como el INTA (que pierde autarquía) y otros en sectores de transporte. Transporte y Vialidad: Disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y eliminación de planes federales de transporte eléctrico.  Estas medidas se han implementado principalmente a través del DNU 70/23 y la Ley Bases, buscando una reducción de la estructura del Estado

DIOS, QUE ESPERAMOS LOS ARGENTINOS PARA SALVAR LA PATRIA.