El PAMI Santiago del Estero vuelve a quedar envuelto en una zona oscura que exige explicaciones públicas. No se trata de un rumor aislado ni de una interna partidaria menor. Los nuevos trascendidos que circulan dentro del organismo apuntan a que continuarían presuntas prácticas vinculadas al pedido de dinero a empleados que militan o responden políticamente a La Libertad Avanza, con el supuesto objetivo de afrontar gastos de alquileres partidarios, servicios, desayunos de funcionarios y otros compromisos de funcionamiento político.
El dato adquiere una gravedad mayor porque no aparece en el vacío. Tiene un antecedente concreto, público y documentado: el testimonio de Marcela Coronel, médica y exdirectora del PAMI Santiago, quien denunció en 2024 que referentes libertarios locales le exigían una parte de su sueldo como aporte partidario. Según reconstrucciones periodísticas publicadas en aquel momento, Coronel asumió formalmente el 11 de enero de 2024 y permaneció en el cargo hasta fines de mayo, cuando recibió una carta documento que comunicaba la rescisión de su contrato.
De acuerdo con ese testimonio, el pedido habría sido del 25% de su sueldo. Coronel afirmó que la suma superaba el millón de pesos y que una primera transferencia documentada fue superior a los 600 mil pesos, distribuida en distintos CBU. En su relato, esos fondos habrían sido justificados como gastos de alquiler, insumos y artículos de librería.
El punto más sensible de su declaración fue el salto de la contribución partidaria al posible mecanismo de presión. Coronel sostuvo que, cuando pidió documentación para conocer el destino del dinero y el respaldo formal de esos aportes, la situación se tensó. Según su testimonio, nunca le mostraron el estatuto que supuestamente regulaba esos pagos y luego recibió un mensaje intimidatorio en el que le advertían que le podían pasar “cosas”.
De la denuncia pública a los nuevos trascendidos
La exdirectora no negó haber realizado aportes. Por el contrario, sostuvo que al principio los hizo de manera voluntaria. La diferencia, según explicó, apareció cuando tomó dimensión del porcentaje requerido y pidió transparencia sobre el destino de los fondos. En una entrevista citada por medios provinciales, Coronel dijo que no se había negado a aportar, pero que la sorpresa fue enterarse de que se trataba del 25% de su salario.
Ese antecedente vuelve ahora al centro de la escena porque fuentes consultadas por este medio, consideradas de extrema confianza y seriedad, señalan que prácticas similares podrían haber continuado dentro del PAMI Santiago bajo otras modalidades. Las versiones actuales hablan de presuntos pedidos de dinero a empleados vinculados al espacio libertario para cubrir gastos que nada tienen que ver con la finalidad sanitaria y social del organismo.
La diferencia entre un aporte partidario voluntario, registrado y transparente, y una contribución pedida bajo presión política no es menor. En un organismo público, esa frontera define si se está frente a una práctica legal, clara y verificable, o frente a un mecanismo opaco que podría condicionar laboralmente a trabajadores y funcionarios.
La denuncia de Marcela Coronel nunca terminó de cerrarse. Quedó flotando como una advertencia dentro de la estructura libertaria local y del propio PAMI Santiago. Ahora, con los nuevos trascendidos, esa advertencia vuelve a tomar volumen.
Según fuentes internas del organismo, el malestar sería profundo. No solo por la presunta continuidad de una trama de “aportes obligatorios”, sino también por el posible rol de dirigentes políticos externos o vinculados a otros organismos nacionales en la provincia.
En ese marco, una de las especies que circula con mayor insistencia apunta a un excoordinador del Plan Belgrano y actual titular de otro organismo nacional en Santiago del Estero, quien además fue precandidato a senador nacional por Cambia Santiago, espacio que en su momento integraron Facundo Pérez Carletti, Eduardo “Chabay” Ruiz, Alejandro Parnás y Emilio Rached.
El dirigente señalado dentro del organismo aparece, según esas mismas fuentes, como una de las espadas fuertes de La Libertad Avanza local, después de haber iniciado su recorrido político como secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Pinto y dirigente de la UCR-Cambiemos.
Su eventual mención en esta trama obliga a una aclaración urgente. Si no tuvo ninguna participación, debería ser el primero en despejar cualquier sospecha. Si tuvo algún rol político, administrativo o de articulación en el armado libertario vinculado a organismos nacionales, corresponde que explique cuál fue ese rol y si tomó conocimiento de pedidos de aportes económicos a funcionarios o empleados.
Porque el problema ya no sería solamente quién pidió dinero dentro del PAMI. La pregunta de fondo es si existió una arquitectura política más amplia para financiar gastos partidarios con aportes de personas designadas en organismos nacionales.
Y esa pregunta, en una provincia donde miles de jubilados dependen del PAMI para acceder a medicamentos, tratamientos y prácticas médicas, no puede quedar sin respuesta.
El contraste obsceno con los jubilados
La gravedad institucional se vuelve todavía más fuerte cuando se mira el contexto. El PAMI no administra una estructura partidaria. Administra la obra social de jubilados y pensionados, una población que depende de autorizaciones, recetas, turnos, prácticas médicas y medicamentos para sostener su salud.
Mientras circulan versiones sobre presuntos fondos internos destinados a alquileres, servicios y gastos políticos, miles de afiliados enfrentan demoras, auditorías, trámites y restricciones para acceder a prestaciones esenciales. El propio PAMI informa que su programa de medicamentos incluye descuentos de hasta el 100% y cobertura total para tratamientos especiales, entre ellos diabetes, medicamentos oncológicos, oncohematológicos, hemofilia, VIH, hepatitis B y C, trasplantes, artritis reumatoidea e insuficiencia renal crónica. También contempla coberturas del 50% al 80% para patologías crónicas y agudas, además de un subsidio social para afiliados que no pueden pagar sus medicamentos.
Ese es el contraste que golpea: jubilados contando pastillas, familias buscando autorizaciones, pacientes esperando prácticas y adultos mayores haciendo trámites para sostener tratamientos crónicos, mientras dentro de la estructura política del organismo vuelven a aparecer versiones sobre dinero destinado a sostener gastos de poder.
La pregunta, entonces, deja de ser administrativa y se vuelve moral. ¿Cómo puede exigirse paciencia, sacrificio y austeridad a los afiliados mientras se acumulan sospechas sobre presuntos gastos partidarios financiados con aportes de empleados?
Horacio Ochoa debe explicar
El actual responsable local del organismo es Luis Horacio Ochoa. El Boletín del Instituto del 15 de octubre de 2024 publicó la resolución que lo designó para desempeñar tareas en la Unidad de Gestión Local XIX Santiago del Estero y le asignó las funciones de titular de la Dirección Ejecutiva Local.
Por eso, Ochoa no puede permanecer en silencio. No se le reclama una opinión política, sino una explicación institucional. Debe decir si existen o no pedidos de dinero a empleados del PAMI Santiago. Debe aclarar si hay aportes internos, bajo qué modalidad se realizan, quién los solicita, quién los recibe, cómo se registran y con qué destino se utilizan.
También debe garantizar públicamente que ningún trabajador será condicionado, desplazado, presionado o perseguido por negarse a entregar parte de su salario para fines partidarios.
El sueldo de un gerente del PAMI no lo paga una estructura privada ni una caja militante. Surge de un organismo sostenido por fondos vinculados al sistema de seguridad social. Por eso, cualquier sospecha de utilización política de cargos, salarios o vínculos laborales dentro de la obra social de los jubilados exige respuestas inmediatas.
Una herida que nunca cerró
La denuncia de Marcela Coronel nunca recibió una explicación pública suficientemente clara. Ella afirmó que intentó comunicarse con autoridades nacionales y que quería que el Presidente conociera la situación. También sostuvo que la comunicación con los referentes locales se había quebrado y que fue eliminada de grupos internos del espacio político.
En ese marco, los nuevos trascendidos no hacen más que reabrir una herida institucional que el PAMI Santiago no consiguió cerrar. Si aquellas prácticas terminaron, corresponde demostrarlo. Si continuaron, corresponde investigarlo. Y si las versiones son falsas, la conducción local tiene la obligación de desmentirlas con información precisa, no con silencio.
Porque el silencio, en estos casos, no calma. Sospecha.
El PAMI no es una caja política
El PAMI no es una unidad básica. No es un comité. No es una sede partidaria. Es la obra social de los jubilados y pensionados. Su razón de ser no es sostener alquileres políticos, desayunos de funcionarios ni gastos de militancia, sino garantizar prestaciones médicas, medicamentos, tratamientos, derivaciones, internaciones y acompañamiento a una población vulnerable.
Por eso, la escena que surge del contraste es brutal: adultos mayores atravesando controles para acceder a un medicamento, mientras dentro del organismo se habla de presuntos aportes para sostener gastos que nada tienen que ver con la salud.
El caso exige una respuesta institucional seria. Horacio Ochoa debe explicar. La conducción nacional del PAMI debe mirar hacia Santiago del Estero. Y los organismos de control deberían intervenir si existen elementos que permitan avanzar en una investigación formal.
Porque el PAMI no pertenece a La Libertad Avanza ni a ningún partido.
Pertenece a los jubilados.
Y cuando un jubilado debe elegir qué medicamento compra y cuál deja para después, cualquier sospecha de caja política dentro de su obra social deja de ser un rumor interno para convertirse en una pregunta pública urgente.
