La reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó sin acuerdo entre los representantes de los trabajadores, las cámaras empresariales y el Gobierno. El encuentro se realizó de manera virtual y estuvo marcado por fuertes cruces debido a la diferencia entre las pretensiones sindicales y la propuesta del sector empresario.
La CGT y las CTA abandonaron la negociación luego de calificar de “irrisoria” y “una burla” la oferta presentada por los empresarios. Las centrales obreras reclamaban elevar el salario mínimo a $911.000 en julio y llevarlo hasta $993.000 hacia fin de año.
Del otro lado, las cámaras empresariales plantearon un esquema de incrementos escalonados que contemplaba una suba del 1,8% en septiembre y del 1,7% mensual, con el objetivo de llevar el salario mínimo hasta aproximadamente $468.000 en abril.
Fuerte tensión durante la reunión
El encuentro también estuvo atravesado por cuestionamientos a la modalidad virtual. Los representantes sindicales habían reclamado que la discusión se realizara de manera presencial, mientras que también cuestionaron la ausencia del secretario de Trabajo.
Desde el Ministerio de Capital Humano defendieron la decisión de realizar la reunión de manera remota y acusaron a los dirigentes sindicales de haber concurrido para “hacer un show”.
Según la postura oficial, la virtualidad permite mantener un registro de lo ocurrido durante la negociación y evitar situaciones de tensión o cortes de calles.
El salario mínimo se definirá por decreto
Ante la falta de consenso, el Gobierno nacional deberá establecer el nuevo monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil mediante un decreto.
La decisión vuelve a dejar expuestas las diferencias entre el Ejecutivo, las organizaciones sindicales y el sector empresario respecto del nivel que debería alcanzar el ingreso mínimo de los trabajadores.
Desde las centrales obreras, además, anticiparon que llevarán su reclamo al plano internacional. La CGT y las CTA prevén presentar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el Gobierno argentino.
Los gremios sostienen que la administración nacional está “vaciando el diálogo social” y cuestionan el nivel actual del salario mínimo frente al costo de vida.
