La insania de política pública, cargada de odio, maldad y traiciones

Nuestro país  y también los habitantes de la ciudad de Monte Quemado están atravesando un duro momento. La caída del poder adquisitivo del salario, humilla, somete y socaba los derechos del trabajador Argentino.

Todo es posible donde la justicia se politiza y algunos sectores de la  política se corrompen. El pueblo queda indefenso abandonado  y a merced de un gobierno  que se mueve en las aguas turbias y contaminadas de políticas públicas inspiradas  en una insania, cargada de odio, maldad y traición.

 Aquí donde yo vivo,  la parálisis en los aserraderos la pérdida de puestos de trabajo, el aumento de la pobreza, son indicadores de la fuerte regresión que vivimos en materia de derechos económicos, sociales y culturales a lo largo y ancho del país.

El Estado Nacional en este gobierno del presidente Javier Gregorio Milikochki, (a) Milei, y sus funcionarios, han abandonado las políticas de inclusión y ha endurecido las políticas represivas, en un contexto donde la legalidad es vulnerada desde el propio poder judicial. No lo digo yo desde Monte Quemado donde vivo, sino que lo están denunciando  valientes magistrados de los tribunales superiores de la justicia argentina y otros, callan. 

Por una parte, se ha incrementado el positivismo de manera exponencial llevando a record históricos  los índices y la ocupación policial del territorio. Palos a los jubilados,  palos a los discapacitados y el 3% de las coimas en el ir venir de una justicia internamente dividida  y politizada. 

Es decir en los canales libres de los sobres,  vemos los argentinos como se reprime de manera violenta y sistemática la protesta social, que es estigmatizada y sancionada desde el discurso de los medios hegemónicos oficiales y del gobierno, los que sin pudor ni vergüenza no solo silencian la verdad,  sino también mienten sin vergüenza ni pudor,   como es el título del diario la Nación de hoy 5/12/2025.  (PARA LA UCA LA POBREZA BAJO 9 PUNTOS EN UN AÑO) cuando el salario de un trabajador no supera 450.000 y el costo de vida según el IDEC, en noviembre supero $1.275.000

Mienten, Miente que algo quedara y en  el mismo sentido,  nada informan de la persecución penal del gobierno a opositores políticos sin respetar el gobierno  las mínimas garantías constitucionales, extendiendo así las prácticas judiciales arbitrarias y violentas que cotidianamente se despliegan contra las poblaciones vulnerables, como dispositivos de cercenamiento de la disidencia política.

Al mismo tiempo, se extienden los episodios violentos (amenazas, secuestros, torturas, intimidaciones y hasta asesinatos) contra activistas y organizaciones que protestan y se expresan en los marcos que la democracia garantiza, configurándose un escenario cada vez más complejo, violento e imprevisible. Surgen de grupos parapoliciales – no identificados aún – que se cobijan en las omisiones y acciones del estado y en un discurso público que estigmatiza y criminaliza los actos colectivos en defensa de derechos.

La crisis económica actual y las políticas emprendidas para superarla, que generan hambre y desocupación y que las niega el grupo de medios del grupo  Clarin y sus medios  seguirán agudizando los conflictos sociales, expulsando a miles de ciudadanos hacia la pobreza y retrayendo derechos. El hambre, la desocupación, la marginalidad y la miseria son la violencia estructural que debe combatirse de manera urgente. Y no lo será con más represión y persecución a quienes reclaman por sus derechos.

Tampoco lo será con causas judiciales, aunque investiguen delitos reprobables, son utilizadas para desprestigiar a la política, deslegitimar a la oposición y desalentar la participación. La democracia peligra cuando se resienten y restringen derechos. Y más aún cuando se avanza en la violación de las garantías constitucionales.

Desde Monte Quemado sin ser lego, lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades: La democracia como sistema político debería permitir que los conflictos se diriman en dialogo  respetando estas garantías. Un gobierno nacional que niega los derechos a la provincia de Bs. Aires la más poblada la más productiva la más industrial  de la nación. El Presidente Milei tiene que entender que el pueblo lo eligió para administrar al país con justicia y equidad y para nada el presidente debe sentirse patrón de estancia y excluir de las políticas públicas una provincia. 

Hacemos un llamado a los gobiernos de todas las provincia  y a los representantes del pueblo, en el Congreso y el Senado de la Nación para que las soluciones que se promuevan sean en el marco de un Estado de Derechos, construyendo una sociedad desde la paz, la inclusión social y la profundización de los derechos humanos de todas las personas que habitan nuestro bendito país incluida la provincia de Buenos Aires.

DIOS SALVE A LOS  ARGENTINOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  INSPIRADAS EN EL ODIO LA MALDAD Y LA TRAICIÓN.