La polémica por las operaciones financieras con el oro del Banco Central llegó a los tribunales. El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del BCRA, Santiago Bausili; y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curuchet, a raíz del resultado negativo de 1.023 millones de dólares que la Auditoría General de la Nación (AGN) identificó en las operaciones vinculadas con las reservas de oro durante 2025. La presentación quedó radicada ante el juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
Dalbón anticipó que el próximo martes 13 ampliará la denuncia con documentación adicional y pedirá las declaraciones indagatorias que correspondan. También adelantó que reclamará medidas para preservar las pruebas y que no descarta solicitar restricciones personales y patrimoniales sobre los denunciados. En su comunicado, dejó abierta incluso la posibilidad de requerir sus detenciones si encuentra elementos que justifiquen esa medida.
La presentación se apoya especialmente en la auditoría de los estados contables del Banco Central correspondientes al ejercicio 2025, aprobada por la AGN mediante la Resolución 205/2026. Según los registros examinados, las operaciones financieras asociadas al oro generaron resultados negativos por 1.023 millones de dólares, equivalentes a 1.469.155 millones de pesos a valores de cierre. De ese total, 960,2 millones de dólares correspondieron al resultado negativo de las opciones financieras y otros 62,8 millones al pago de primas.
“Mil veintitrés millones de dólares no son una anotación contable. Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra”, planteó Dalbón. El abogado sostuvo que la investigación deberá reconstruir la cadena de decisiones detrás de esas operaciones: quién las diseñó y autorizó, con qué contrapartes se realizaron, cuál fue su fundamento económico y qué mecanismos de control se aplicaron.
La denuncia no da por probada la existencia de un delito ni establece responsabilidades individuales. Esa determinación, remarcó el propio letrado, deberá surgir de la investigación. Su objetivo inmediato es que la Justicia acceda a la documentación y examine si las decisiones adoptadas provocaron un perjuicio al patrimonio público. “Hay que abrir los libros. Hay que seguir el dinero. Hay que identificar las contrapartes. Hay que preservar la prueba”, afirmó.
Dalbón también advirtió sobre la posibilidad de que se oculte o destruya documentación o se obstaculice la investigación. En ese caso, anticipó que solicitará las medidas que considere necesarias, entre ellas allanamientos, secuestro de dispositivos y documentos, peritajes financieros, levantamiento de secretos e inmovilización de activos, siempre sujetas a los requisitos legales correspondientes. “El oro de las reservas no puede convertirse en una caja negra financiera”, agregó.
En paralelo, el senador nacional Martín Soria vinculó el escándalo con las explicaciones que el titular del Banco Central dio en el Senado durante el debate sobre modificaciones a la Carta Orgánica de la entidad. Afirmó que el oficialismo buscaba habilitar nuevas operaciones con las reservas de oro y dar cobertura legal a movimientos anteriores.
“Querían que autorizaran a hacer nuevas operaciones incluso con reservas de oro”, señaló Soria. Y sostuvo que los cambios propuestos podían servir para “blanquear y cubrirse de las operaciones que ya habían hecho”. Se trata de una acusación del senador, que deberá ser contrastada con los alcances concretos de las modificaciones impulsadas por el Gobierno.
Soria también puso el foco en la información disponible sobre el destino físico de los lingotes. “Hace dos años salió a la luz que estaban trasladando oro del Banco Central —reservas de a 250 lingotes— con rumbo desconocido. Ahora estamos peor que antes porque ni siquiera sabemos dónde está físicamente”, afirmó.
En su exposición en el Congreso, Bausili había señalado ante los senadores que una parte del oro se encontraba en Suiza, en el Banco de Pagos Internacionales. Sin embargo, desde la oposición sostienen que los lingotes fueron enviados al Bank of England, en Londres, a nombre de esa institución internacional, cuya sede está en Basilea. La AGN todavía debe producir un informe específico sobre el traslado y sus condiciones.
Con la denuncia de Dalbón, el caso suma una nueva vía de investigación, esta vez centrada en las responsabilidades penales que podrían derivarse de las operaciones financieras. El abogado anticipó que el martes presentará nuevos elementos y pedirá que la Justicia avance sobre los funcionarios señalados. “Con las reservas de la Argentina no se juega. Y con el oro de los argentinos, menos”, concluyó.
Fuente: Página 12
