El Ministerio de Salud detectó desvíos críticos y sobreprecios que alcanzan un escandaloso 4239% en la compra de insumos ortopédicos y de alta complejidad realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el año 2025.
El hallazgo surgió tras una exhaustiva auditoría que comparó las facturas emitidas al Estado con los valores reales del mercado. A raíz de esto, la investigación judicial que impulsa el fiscal Franco Picardi apunta a un fraude millonario ejecutado mediante un sistema de contrataciones paralelas diseñado para beneficiar a un grupo selecto de empresas.
El documento oficial advierte sin filtros sobre la gravedad de la maniobra: “El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”.
Cifras abismales y compras injustificables
El saqueo a las arcas públicas abarcó desde elementos básicos hasta insumos de altísima complejidad. Los auditores cuestionaron duramente la adquisición de componentes importados de lujo que “no representa una ventaja necesaria ni terapéutica, que valide semejante erogación del Tesoro Nacional”.
Los contrastes más absurdos detectados en el expediente exponen el modus operandi de empresas como Ortopedia Bernat, Artrobone, Bymax Medical e Imnova
Para los técnicos del Ministerio de Salud, estas facturas contienen “desvíos que resultan técnicamente indefendibles” y demuestran un claro patrón de conducta sistemático para defraudar al Estado.
El “Grupo Museo” y las licitaciones amañadas
Por este entramado, la Justicia ya citó a indagatoria a 49 personas. Entre los principales acusados figura el contador Osmar Mariano Caballi, socio mayoritario de Farma Salud, la firma más beneficiada al absorber fondos por $7.900 millones. Caballi, quien ocupó un cargo jerárquico en la agencia durante la gestión de Alberto Fernández, es señalado por sus propios socios como el nexo clave para destrabar los negocios.
El fiscal Picardi sostiene que los involucrados vulneraron el sistema digital de licitaciones (Siipfis) para digitar de antemano quiénes ganaban los concursos. Según el dictamen, esta herramienta “permitió el despliegue de maniobras orientadas a beneficiar a determinados proveedores de manera ilícita y orquestada”.
La impunidad era tal que la fiscalía logró identificar el “grupo museo”, un chat de WhatsApp donde exfuncionarios y operadores externos acordaban a qué empresas amigas se invitaba a participar de las falsas competencias de precios. Mientras los acusados intentan pedir la nulidad de la causa, el juez Ariel Lijo ordenó peritajes urgentes sobre una serie de audios filtrados que exponen el cobro de coimas.
