11 junio, 2026 10:08 am
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No pasó ni una semana de la muerte de Carlos “Indio” Solari cuando comenzó a circular una nueva operación desde sectores libertarios. Ya que parece que no bastó con hablar sobre “cajones cerrados” o de mandar “a laburar” al millón de ricoteros que estuvieron en el funeral de Villa Domínico. Durante el martes se viralizó en redes sociales la versión de que Bruno Solari, hijo del histórico compositor y de Virginia “Viru” Mones Ruiz, trabajaba en la Legislatura bonaerense y que era un supuesto “ñoqui”. Nada más alejado de la realidad.

Todo comenzó cuando una cuenta de redes sociales difundió, como si se tratara de un escándalo, el hecho de que el joven de 25 años ingresó en junio de 2025 como trabajador de planta permanente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El dato fue presentado como una denuncia, aunque sin aportar pruebas sobre ninguna irregularidad. Su salario, además, apenas supera los 800 mil pesos mensuales.

La publicación encontró rápida amplificación en cuentas libertarias, dirigentes y comunicadores alineados con el oficialismo. Entre quienes se hicieron eco de la acusación estuvo la diputada Lilia Lemoine, que replicó el señalamiento en redes sociales. Todo esto ocurrió mientras todavía continuaban las repercusiones por la negativa del gobierno de Javier Milei a organizar un funeral público para una de las figuras más importantes de la historia del rock argentino.

Sin embargo, la versión comenzó a desmoronarse con la misma velocidad con la que se había difundido. Fuentes de Fuerza Patria confirmaron a Página/12 que Bruno Solari efectivamente trabaja en tareas de comunicación dentro del despacho del diputado bonaerense Facundo Tignanelli, motivado por su interés en la actividad política.

Pero hubo un dato todavía más revelador. Según pudo confirmar este diario, el hijo del Indio dona la totalidad de su salario al Hospital Garrahan, una de las instituciones pediátricas más prestigiosas del país y que atraviesa una situación crítica producto del ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional.

De esta manera, lo que algunos intentaron instalar como un escándalo terminó exponiendo una realidad muy distinta: la de un trabajador que cumple funciones concretas y que además destina íntegramente sus ingresos a una institución pública de referencia.

La operación no solo quedó desmentida, sino que volvió a poner en evidencia hasta qué punto ciertos sectores están dispuestos a convertir cualquier momento sensible en una oportunidad para atacar y estigmatizar. La libertad “avanza”, el odio mucho más.

Fuente: Página 12