2 mayo, 2026 11:01 pm
causa-andis

La causa que investiga los posibles casos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a exponer un circuito que, según el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, funcionó como una estructura paralela destinada a direccionar compras, fijar sobreprecios y desviar fondos públicos destinados a personas con discapacidad. El expediente tiene 15 imputados, dos detenidos y un entramado que mezcla exfuncionarios, operadores y vínculos empresariales en un área especialmente sensible del Estado.

Es el principal imputado. Spagnuolo era la máxima autoridad del organismo cuando, según la investigación, se montó el circuito de direccionamiento de compras y cobro de coimas.

La fiscalía sostiene que “permitió y consintió” que ANDIS adjudicara contratos millonarios a cuatro droguerías mediante compulsas presuntamente irregulares y con sobreprecios en las prestaciones PACBI (de alto costo y baja incidencia).

Audios incorporados al expediente lo mencionan como parte del sistema de pagos ilegales. Spagnuolo se presentó a declarar en Comodoro Py el pasado miércoles, pero se negó a responder preguntas. Su defensa niega cualquier vínculo con maniobras de corrupción y aduce que los audios difundidos en los medios “son producto del uso de la Inteligencia Artificial”.

Los registros -que tiene la justicia- muestran múltiples encuentros del extitular de ANDIS con operadores privados, entre ellos Miguel Ángel Calvete.

Además, la Justicia secuestró en su domicilio una máquina de contar billetes, un indicio que alimenta la hipótesis de recaudación ilegal.

Garbellini es señalado como el operador interno que ejecutaba y habilitaba el direccionamiento de contrataciones. Su trayectoria en la administración pública se remonta a gestiones de Mauricio Macri en la Ciudad y de María Eugenia Vidal en la Provincia, y también trabajó en el Programa Incluir Salud durante el gobierno de Cambiemos.

Para el fiscal Picardi, Garbellini no era un funcionario secundario. Lo ubica como uno de los jefes de la asociación ilícita que articulaba las compras irregulares. Se lo acusa de coordinar la operatoria junto a Spagnuolo y de ser el nexo con actores externos como Atchabahian y Calvete.

Es uno de los imputados más relevantes para la fiscalía. Empresario, presidente de INDECOM y exconcejal de Cambiemos en La Matanza, Calvete es acusado de actuar como “jefe paraestatal”: una figura sin cargo formal que, sin embargo, daba órdenes dentro de ANDIS.

Las visitas frecuentes a la casa de Spagnuolo, el vínculo directo con proveedores y los chats incorporados al expediente muestran su rol en la coordinación de pagos y porcentajes. Está detenido, pero por una causa previa, donde fue condenado por explotación de la prostitución.

En uno de los mensajes analizados, Calvete le pidió a su pareja que preparara $5 millones para “el pelado que viaja a Israel”, en referencia -según la fiscalía- a Spagnuolo o su entorno. Ese viaje finalmente lo hizo Garbellini.

Atchabahian no estaba en ANDIS cuando estalló el caso, pero la Justicia lo considera un engranaje central por su relación con laboratorios y proveedores.

Según la fiscalía, marcaba línea interna a través de Garbellini y participaba en la articulación de compras direccionadas.

Fue detenido con arresto domiciliario en Mendoza tras varias semanas de búsqueda para secuestrar su celular.

La investigación la ubica como parte de la estructura administrativa interna que permitía que el circuito funcionara. Su domicilio fue allanado y se secuestraron dispositivos y documentación vinculada al caso. La fiscalía analiza su rol en la logística interna y la gestión de trámites administrativos que abrían paso a las compras irregulares.

La causa también involucra a Ornella Calvete. En su casa, los investigadores encontraron 700 mil dólares cuya procedencia no pudo explicar. Los mensajes entre ella y su padre, incorporados al expediente, muestran gestiones, coordinación de pagos y varias referencias a porcentajes de recaudación.

Para la Justicia, formaba parte del circuito paralelo desde el costado administrativo y económico.

Ambos están imputados por su participación en las visitas a la casa de Spagnuolo y por posibles intervenciones en el circuito de pagos. La fiscalía los analiza como colaboradores del núcleo encabezado por Calvete.

El juez Casanello y el fiscal Picardi sostienen que el circuito operó dentro del Programa Incluir Salud, caracterizado por compras de alto costo y baja incidencia, un terreno ideal para la discrecionalidad. Según el expediente, se usó este programa como base para direccionar compras a proveedores específicos, establecer sobreprecios y coordinar pagos ilegales.

Así, mientras el Gobierno echaba trabajadores de la ANDIS y recortaba apoyos para personas con discapacidad, una parte de la propia estructura del organismo habría sido usada para quedarse con fondos públicos pensados para quienes más los necesitan.

Fuente: Página 12