A la crueldad del presidente Milei, no la frena ni la ley: el Gobierno debe velar por el respeto, pero no lo hace

En Argentina el Ejecutivo desoye al Congreso y gobierna por decreto, dejando sin efecto leyes votadas y vaciando de sentido la institucionalidad democrática que da lugar al viejo dicho popular y humorístico que suele rematar la frase  “En Argentina el que no cumple con la Ley… es presidente” o “…es ministro”.

 En efecto, el gobierno Libertario del presidente Javier Gregorio Milikochki, (a) Milei enfrenta diversas denuncias, amparos judiciales y cuestionamientos políticos por el supuesto incumplimiento o la suspensión de ejecución de leyes vigentes.

Las normativas más destacadas que generan fricciones son Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) Sancionada y ratificada por el Congreso y la Ley de Financiamiento Universitario.(Ley 27.757)

Las Denuncias de los Gremios 

Los  gremios Docentes, no Docentes y Universitarios han denunciado reiteradamente al Ejecutivo por el incumplimiento de las partidas presupuestarias y pautas de actualización establecidas en esta normativa. Y como es el sistema de Prestaciones Básicas en Discapacidad (Ley 24.901).

Asimismo por la Ley de Movilidad Jubilatoria, durante buena parte de 2024, antes de que el Ejecutivo modificara la fórmula por decreto y por la Ley Bases, el gobierno fue cuestionado por el impacto del congelamiento de los haberes frente a la inflación y el desdoblamiento del pago de bonos, argumentando pérdida del poder adquisitivo.

Es necesario mencionar que el gobierno Libertario ha impulsado la derogación y modificación estructural de decenas de normas, como la Ley de Alquileres, la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 y la Ley Bases (Ley 27.742).

Los  Recursos de amparo 

Estos cambios son defendidos por la administración de Javier Milei como una desregulación del mercado, aunque críticos y legisladores consideran que  alteran derechos consagrados por la Constitución Nacional. Es de destacar el caso de Diversas organizaciones y amparos judiciales han señalado al gobierno por demoras, desfinanciamiento y recortes en las prestaciones integrales de la salud Publica, transporte y Educación especial que esta ley garantiza.

En Argentina, el presidente que no cumple las leyes se expone a procesos de destitución política y a responsabilidades penales. Las consecuencias se dividen en dos vías principales. El Código Penal Argentino sanciona a los funcionarios que desobedecen la normativa vigente, el Incumplimiento de los deberes de funcionario público (Artículo 248): Penado con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial.

Juicio Político

En la República Argentina, este mecanismo se rige bajo el marco de la Constitución Nacional a través de un procedimiento específico. El presidente puede ser acusado por mal desempeño o por la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones mediante un juicio político que demanda los 2/3 del cuerpo de legisladores para destituirlo.

Las políticas de ajuste fiscal impulsadas por el gobierno nacional en Argentina han generado un fuerte impacto en áreas sensibles, registrando recortes en programas esenciales de medicamentos, provisión de vacunas, infraestructura escolar y asistencia a sectores vulnerables.

Aunque la gestión sostiene que sus medidas buscan el equilibrio y la eficiencia, organizaciones sociales, legisladores y el ámbito científico alertan sobre una desarticulación institucional y la tensión entre las políticas de gobierno y la garantía de derechos sociales se refleja en los siguientes aspectos

 Las políticas de de Estado y la crueldad

En la salud Pública se ha reportado una reducción en la ejecución de partidas para el Ministerio de Salud, afectando programas clave de prevención, tratamientos oncológicos, VIH y salud sexual. Advierten que esto traslada el colapso financiero a las provincias, dificultando el acceso a insumos

 Las casas de altos estudios Educación y Universidades  han sufrido modificaciones presupuestarias profundas, derivando en conflictos gremiales, paros docentes y reclamos judiciales exigiendo que se respete lo básico al financiamiento universitario y son diversos los sectores vulnerables los que denuncian que el Poder Ejecutivo incumple con normativas vigentes, como las leyes de Financiamiento Universitario, vacunación y emergencia pediátrica, priorizando el superávit fiscal por sobre las obligaciones de asistencia social.

Cuando el gobierno del Presidente Milei  desconoce los derechos del pueblo incumpliendo con  las leyes, el principio de autoridad se degrada y da paso a la arbitrariedad. En lugar de un Estado de Derecho, se instala el desorden, la inseguridad jurídica y la pérdida de legitimidad de la Democracia Argentina.

 DIOS SALVE LA DEMOCRACIA DEL GOBIERNO QUE NO RESPECTA LA LEY.