El escándalo Adorni y la firme y necesaria convicción del presidente Milei de su inocencia

El enriquecimiento ilícito de funcionarios siempre fue un plan delictivo y sistemático de la política, recordemos “Robo para la corona” es una célebre frase  que simboliza la recaudación ilegal de fondos por parte de funcionarios públicos para el financiamiento de las campañas políticas o el enriquecimiento ilícito de funcionarios.

 La frase cobró relevancia nacional cuando fue pronunciada por el entonces diputado nacional José Luis Manzano en mayo de 1990, en el marco de las privatizaciones del Estado durante la primera presidencia de Carlos Menem. Manzano justificó el accionar de su espacio político ante sus pares parlamentarios con la expresión: “Yo robo para la corona”.

En la cultura popular y el calor político argentino, la expresión mutó a modo de refrán irónico para señalar una supuesta complicidad, se dice que aquel que comete actos de corrupción para beneficiar al poder (“la corona”), suele recibir impunidad, protección o beneficios (un “premio”) a cambio de su lealtad.

 El escándalo que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se centra en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa ante la Oficina Anticorrupción. Tras su imputación, en la justicia el funcionario admitió por los medios de comunicación  haber ocultado cientos de miles de dólares en ahorros no declarados y es curioso  el  presidente Javier Milei y su hermana la Secretaria General de la presidencia Carina Milei. A espaldas de la justicia lo declararon inocente y víctima de  una maniobra política  del Kichnerismo.     

Consecuencias del enriquecimiento ilícito de funcionarios

El enriquecimiento ilícito de los funcionarios provoca lo que nos está sucediendo a los argentinos el deterioro de las instituciones democráticas, el aumento de la pobreza y la pérdida de confianza pública. Este delito desvía recursos esenciales que deberían destinarse a servicios básicos como salud, educación e infraestructura, frenando el desarrollo económico del país.

Para comprender mejor el impacto, las principales consecuencias incluyen, degradación institucional, debilita el Estado de Derecho, ya que la corrupción permea los sistemas de justicia y control, fomentando la impunidad  promoviendo en la argentina una desigualdad social.

Los  gobierno corruptos, concentran los recursos públicos en unas pocas manos. Usan la extorción del poder  y en casos como está sucediendo politizan la justicia y hasta con la nuestra, coimean, donde  según la línea del pensamiento ideológico o del partido al que pertenece el ajusticiado   los fiscales jueces y los altos magistrados de la suprema corte  premian con impunidad a los corruptos (38 causas cajoneadas del ex presidente Macri) y  se sentencian hasta con la proscripción política al dirigente político opositor al poder.

Cuando la justicia se politiza, los pueblos pierden el Estado de Derechos, la confianza institucional y la igualdad ante la Ley.  La intromisión de la política en los tribunales y viceversa debilita la igualdad de derechos debilita la república, ya que los fallos comienzan a responder a intereses políticos partidarios y  económicos sin respetar la Ley suprema y fundamental del país. La  Constitución de la Nación y sus  leyes supletorias  instrumento a la que todo Fiscal , Juez , y los más altos magistrados de la Corte  deben respetarla y subordinarse a ellas.

DIOS SALVE A LOS  ARGENTINOS DE LA  JUSTICIA POLITIZADA.