La represión a los que se manifiestan por un derecho en ocasiones es sinónimo de discriminación e intolerancia política, ideológica, religiosa y social

En la semana, una manifestación de miles de argentinos y argentinas que reclamaban por la situación de los jubilados y jubiladas fue duramente reprimida por un operativo conjunto de varias fuerzas de Seguridad, comandado por la ministra Patricia Bullrich.

En un marco de inusual despliegue de violencia, hubo golpes, empujones y persecuciones junto al accionar de carros hidrantes y motos con efectivos policiales que disparaban balas de goma y gases lacrimógenos. El resultado fue la emergencia de una ciudad “distópica” surcada por columnas de humo, detonaciones y agudas dificultades en los ojos de los manifestantes afectados por los gases.

Hubo numerosos contusos y más de cien detenidos y  el reportero gráfico Pablo Grillo, herido de gravedad en la cabeza por un disparo de cartucho de gas lacrimógeno, luchaba por su vida.

Nuestro país está atravesando un duro momento en materia de derechos humanos. La caída del poder adquisitivo del salario, la pérdida de puestos de trabajo, los despidos en el sector público, el aumento de la pobreza, son indicadores de la fuerte regresión que vivimos en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

El Gobierno de Javier Milei ha abandonado las políticas de inclusión, a generada desocupación y ha endurecido las políticas represivas, en un contexto donde la legalidad es vulnerada desde el propio poder judicial.

Por otra, se reprime de manera violenta y sistemática la protesta social, que es estigmatizada y sancionada desde el discurso de los medios hegemónicos oficiales y del gobierno, lo que también se hace con los jubilados con las organizaciones y los dirigentes sindicales y sociales que las encabezan.

En el mismo sentido, la persecución penal a opositores políticos no respeta las mínimas garantías constitucionales, extendiendo así las prácticas judiciales arbitrarias y violentas que cotidianamente se despliegan contra las poblaciones vulnerables, como dispositivos de cercenamiento de la disidencia política.

En la Argentina de hoy hay miles de personas privadas de su libertad en condiciones inhumanas, sólo por ser pobres. El sistema penal se utiliza para disciplinar a los sectores de la población excluidos del mercado y el acceso a derechos. Y también hay personas privadas de su libertad por ser activistas sociales y políticos, como forma de denostar y criminalizar la protesta y el disenso.

La crisis económica actual y las políticas emprendidas para superarla, que generan hambre y desocupación, seguirán agudizando los conflictos sociales, expulsando a miles de ciudadanos hacia la pobreza y retrayendo derechos. El hambre, la desocupación, la marginalidad y la miseria son la violencia estructural que debe combatirse de manera urgente. Y no lo será con más represión y persecución a quienes reclaman por sus derechos.

Tampoco lo será con causas judiciales que aunque investiguen delitos reprobables, son utilizadas para desprestigiar a la política, deslegitimar a la oposición y desalentar la participación. La democracia peligra cuando se resienten y restringen derechos. Y más aún cuando se avanza en la violación de las garantías constitucionales. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades: la democracia como sistema político debería permitir que los conflictos se diriman respetando estas garantías. Sin ellas se niega la democracia misma.

Dios, salva a las democracias de los gobiernos autoritarios.