
Tras la postergación sin fecha del inicio del juicio contra Yolanda Vargas, una mujer de Colonia Santa Rosa, Salta, acusada de “abandono de personas seguido de muerte agravado por el vínculo” tras la muerte de sus dos hijos en un incendio, el debate trasciende lo legal para convertirse en un símbolo de la lucha contra la criminalización de la pobreza”.
Así lo sostuvo Luciano Camaño, abogado de la Liga Argentina de los Derechos Humanos (LADH), quien alertó en conferencia de prensa sobre las implicaciones del caso: “El Estado está usando la miseria de Yolanda como elemento de culpabilidad, en lugar de asumir su responsabilidad”.
Un incendio en medio de la exclusión
El 15 de marzo de 2023, un incendio en una precaria vivienda de madera y tergopol en Colonia Santa Rosa cobró la vida de Thiago (4) y Luz (6), hijos de Yolanda Vargas. La fiscalía imputa a la madre por haberlos dejado solos, pese a que ella asegura que salió a buscar alimentos y que el menor sufría bronquiolitis. La conexión eléctrica legal de la casa, afectada por una subida de tensión durante una tormenta, habría causado el fuego.
La defensa: “El Estado quiere encarcelar a la pobreza”
Camaño, representante legal de Vargas, cuestiona la lógica de la acusación: “¿Cómo se le exige a una mujer en situación de miseria prever un cortocircuito? Esto no es un caso aislado: es un intento de responsabilizar a las víctimas de un sistema que las excluye”. Según el abogado, el delito requeriría probar un “dolo” (intención), algo imposible en este contexto.
El argumento central de la defensa es que el Estado busca convertir las condiciones de vida precarias —producto de décadas de abandono en barrios marginales— en un delito penal. “Si condenan a Yolanda, se sentará un precedente peligroso: cualquier incendio en una vivienda pobre podría terminar en prisión para sus habitantes”, advierte Camaño.
¿Absolución o impunidad estatal?
El caso ha generado adhesiones internacionales, incluyendo al Innocence Project, organización reconocida por su trabajo en casos de injusticia penal. Para Camaño, una absolución obligaría al Estado a responder por su rol en la tragedia: “Si Yolanda no es culpable, ¿quién garantizó una vivienda digna? ¿Quién controló las redes eléctricas?”.
La LADH sostiene que el juicio expone una paradoja: “Mientras el Estado incumple tratados de derechos humanos que exigen garantizar condiciones básicas, utiliza el sistema penal para castigar a quienes sufren esas carencias. Yolanda no eligió vivir en esa casilla. El Estado la condenó a eso”, enfatiza el abogado.
Reacciones y solidaridad
El caso ha movilizado a organizaciones sociales y políticas, que ven en Vargas un emblema de las miles de mujeres pobres criminalizadas por su realidad. En redes sociales, la campaña #YolandaNoEsCulpable suma apoyos, mientras colectivos exigen investigar a la empresa eléctrica y al municipio por posible negligencia.
Lo que está en juego
El juicio no solo definirá el futuro de Yolanda —quien enfrenta de 6 a 20 años de prisión—, sino que pondrá a prueba el sistema judicial argentino. “Si triunfa la tesis fiscal, se validará que la pobreza es un delito. Si se absuelve, deberemos discutir por qué el Estado invierte en cárceles y no en viviendas. Mientras tanto, en Colonia Santa Rosa, donde el 60% vive en la marginalidad, sus habitantes esperan. Saben que, en el banquillo, no solo está Yolanda: es la dignidad de los excluidos la que se juzga”, concluyó Camaño.
Nota: El juicio debía comenzar este lunes 3 de febrero en los tribunales de Salta, pero fue suspendido sin fecha por el juzgado interviniente.
Fuente: Diario Norte