Este viernes el Poder Judicial federal ordenó liberar a Franco Oscari, el joven campesino de 24 años que vive con su familia y trabaja en Las Goteras, un paraje de la localidad jujeña de Palma Sola, en el departamento de Santa Bárbara. Durante más de una semana estuvo detenido irregularmente en una causa por supuestas “amenazas coactivas” que el juez federal Ariel Lijo le abrió desde Buenos Aires a pedido de la senadora ultraderechista Patricia Bullrich.
Tras un brutal allanamiento de la Policía Federal, ocurrido en la madrugada del miércoles 24 de junio, el Estado mantenía a Franco detenido en condiciones irregulares e intentó llevárselo a la Ciudad de Buenos Aires. Fue la movilización popular en las calles la que evitó esa maniobra, junto a la presión social que incluyó un petitorio nacional con más de mil firmas de personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Myriam Bregman, Pablo Grillo y Sergio Maldonado, entre otros.
Las acciones solidarias con Oscari y su familia incluyeron presentaciones de proyectos de exigencia de su libertad tanto en el Congreso como en la Legislatura jujeña y el Concejo Deliberante de Humahuaca, motorizadas por las y los legisladores del PTS y el Frente de Izquierda.
La liberación de Oscari es consecuencia de esa campaña solidaria que se fue extendiendo con el correr de la semana. Desde hace dos días estaba alojado en la sede de San Salvador de la Policía Federal. Antes se había logrado que se lo trasladara desde la sede de Salta, a donde había llegado por orden de Lijo, quien inicialmente y a espaldas de la defensa del joven intentó llevárselo a CABA (a 1.600 kilómetros de distancia).
Pero la pelea por el fin de la persecución judicial no termina. Lo que hizo el juez Lijo es no dictarle la prisión preventiva, pero la “Justicia” mantendrá a Franco procesado en una causa federal con la que pretende amedrentarlo, no sólo a él y su familia sino a toda la comunidad campesina jujeña. Oscari se organiza en Tierra Fértil, organización que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina, que defiende sus territorios ancestrales del avance de los capitalistas del agronegocio y la minería.
Bajo la acusación de una supuesta “amenaza coactiva” contra Bullrich, además del procesamiento el juez Lijo le impuso a Oscari algunos condicionamientos a su libertad. Por un lado, un embargo sobre sus bienes de $ 700 mil. La suma (modesta en términos del Poder Judicial federal) es una muestra clara de las condiciones de existencia de Franco. Y a la vez confirma las nulas posibilidades que tiene de concretar cualquier “amenaza” hacia la exministra de “Seguridad”.
Por otro lado, se le impide salir del país sin previa autorización del propio Lijo y se lo obliga a notificar al juez cualquier movimiento que haga fuera de la provincia. Por si fuera poco, se lo obliga a presentarse una vez al mes (mientras el proceso siga abierto) en la sede policial de San Salvador, “a efectos de estar a derecho”. El paraje Las Goteras dista unos 160 kilómetros de la capital jujeña. Esos viajes, sólo para decir “acá estoy”, no son otra cosa que un refuerzo del sometimiento al joven y su familia por parte del Estado.
La lucha por el desprocesamiento total de Franco Oscari continúa. Si la movilización popular logró su liberación, también podrá conseguir que Franco quede libre de todo cargo. Lijo y Bullrich no tienen pruebas para demostrar que el joven campesino tiene algo que ver con la criminalidad. Son ellos los que cargan verdaderos prontuarios. En el caso de la senadora, directamente es responsable política de crímenes como los de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y del intento de homicidio de Pablo Grillo. El carácter de clase de la “Justicia” está más que claro. La lucha obrera, campesina y popular no debe aflojar.
Fuente: La Izquierda Diario
