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Cuando se utiliza al periodismo para maniobras políticas, la democracia se enferma y los pueblos terminan pagando las consecuencias.
Cuando los medios de comunicación buscan demonizar una gestión de gobierno, pueden recurrir a estrategias discursivas, psicológicas y editoriales destinadas a moldear la percepción pública y construir un relato de fracaso, afectando en el imaginario social la valoración de una gestión desarrollada dentro del marco institucional.
Este fenómeno se relaciona con lo que en comunicación se conoce como construcción de agenda, mediante la cual determinados temas, enfoques y acontecimientos adquieren mayor visibilidad que otros y pueden orientar la conversación pública.
En Monte Quemado y en otros municipios del norte argentino observamos, particularmente en las redes sociales, páginas que utilizan formatos propios de los medios periodísticos y que difunden contenidos cuya veracidad merece ser analizada con mayor rigor.
En este caso, nos circunscribimos a publicaciones que presentan una marcada intencionalidad política y que, mediante titulares y mensajes cargados de adjetivaciones, buscan instalar determinados escenarios de crisis o conflicto institucional.
Quienes ejercemos esta noble profesión sabemos reconocer cuándo una información deja de ser estrictamente informativa para transformarse en una construcción subjetiva. Expresiones alarmistas pueden instalar en el imaginario social la idea de un supuesto desorden institucional que, en el caso de Monte Quemado, no se corresponde necesariamente con la realidad de la gestión municipal.
También se han difundido reiteradamente versiones sobre supuestos enfrentamientos entre funcionarios, despidos de personal contratado y conflictos internos. La repetición de este tipo de información puede contribuir a generar enfrentamientos entre quienes dejan sus funciones y quienes continúan trabajando, afectando la imagen y el funcionamiento institucional.
Por eso, los titulares cumplen un papel central. Palabras como “ESCÁNDALO”, “CRISIS”, “BRONCA”, “INEPTOS”, “NO PERSIGAN, GOBIERNEN” o “LOS ESTAMOS INVESTIGANDO”, entre otras, no son inocentes cuando se utilizan como recursos permanentes para presentar una realidad determinada.
El problema no es la crítica. El periodismo tiene el derecho y el deber de investigar, cuestionar y señalar aquello que considere necesario. El problema aparece cuando la información falsa, no verificada o deliberadamente direccionada se presenta bajo una apariencia periodística y termina confundiendo a la sociedad.
Es necesario profundizar el análisis sobre el comportamiento de quienes utilizan las redes sociales para difundir contenidos que pueden contribuir a desinformar y a instalar una determinada imagen de las gestiones de gobierno, no solamente en Monte Quemado, sino también en otros municipios del Norte Grande argentino.
Las autoridades correspondientes deberían prestar atención a estas nuevas formas de comunicación y, cuando existan denuncias concretas de desinformación, promover las herramientas institucionales necesarias para determinar quiénes se encuentran detrás de esas publicaciones, cuáles son sus fuentes y qué intereses persiguen.
En una democracia, la información debe servir para que los ciudadanos conozcan la realidad y puedan formar libremente su propia opinión. Cuando la mentira ocupa el lugar de la información y el anonimato se convierte en una herramienta para operar políticamente, la sociedad pierde y la democracia se debilita.
